Dos de las principales características de la sociedad mexicana son la desigualdad económica y la diversidad racial. Estas características se combinan, muchas veces, para producir prácticas discriminatorias que se normalizan a través de “operadores”, es decir, de personas cuya labor cotidiana consiste precisamente en negar a sectores de la población el acceso a bienes o servicios en función de su apariencia o su color de piel. ¿Quiénes son estos “operadores de la discriminación”? ¿Cómo conciben su trabajo? ¿Qué conflictos y contradicciones enfrentan? Esta es la segunda de tres historias de la serie ‘Operadores de la Discriminación’, un proyecto de VICE News y Periodismo CIDE con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
“Si le dices que sí, te va a terminar pagando [la colegiatura] con cacao”.
Beatriz, quien pidió omitir su nombre real, escucha esa frase y se horroriza. Siente una ráfaga de calor que se le aloja en el estómago. Estaba de espaldas al escritorio donde se apilan las solicitudes de admisión de los padres de familia, pero aquel comentario la hace voltear súbitamente y ponerse frente a quien dijo esas palabras:
“Oiga, maestra, no lo dijo en serio, ¿verdad?”.
“No, Bety, claro que no, ¡estoy bromeando!”
La escena ocurre en la sala de una de las escuelas privadas más caras del sur de la Ciudad. Unos 10 maestros celebran el chiste de la profesora encargada del comité de admisiones. Todos menos una persona visiblemente molesta, con el rostro enrojecido: la maestra Beatriz, quien sabe que es frecuente que sus colegas se expresen así, pero siempre cuidan de no hacerlo frente a ella.
La última vez que hicieron otro comentario así hubo una discusión de 30 minutos sobre el uso de la palabra “prieto” y terminó en una conclusión: no es para tanto. “Pero, bueno… sí habría que volver a hacer su estudio socioeconómico, porque yo creo que no está bien esto…”.
Y Beatriz, terca, no quiere dejar la conversación ahí.
“¿Dices que están mintiendo, maestra?”.
“Ay, Bety, es que eres muy exagerada con estas cosas. No es mala onda, peeeero hay que confirmar que sepan cuanto se cobra aquí por año”.
El expediente de la solicitud en cuestión tiene tres fotografías: una es del niño Manuel, delgado, cabello lacio, ojos negros, nariz ancha, sonriente. Un niño de primaria de aspecto genérico. El “problema” son las fotografías de los padres. Exitosos comerciantes del Centro Histórico avecindados en la popular colonia Santo Domingo, Coyoacán, tienen rasgos indígenas, piel morena y “tez humilde”, un concepto inexistente que en la escuela suelen decir con naturalidad. Y por esas características físicas es que el comité de admisión les va a poner una traba más que al resto de los solicitantes, blancos y “güeritos”. Porque al fin para eso están: para escoger quiénes sí y quiénes no entran a esa escuela.
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Beatriz, una veterana maestra de escuelas primarias privadas, dará batalla unos minutos más, pero la acusarán de ser demasiado sensible. Mucha “corrección política”, se quejan sus compañeras. La mayoría la avasalla con una decisión ya tomada: el señor y la señora “Que-Parecen-Como-De-Una-Etnia” no la tendrán tan fácil y el “argumento razonable” es que la cartera vencida del colegio está por las nubes, así que hay que endurecer el proceso para asegurarse que todos los admitidos puedan pagar.
“Yo, por supuesto, sentía que me quería morir. ¿De qué sirve enseñarle a los niños valores, a ser respetuosos de las diferencias, si al final la escuela, desde adentro, va a discriminar? (…) Y muchas escuelas tienen un comité de admisiones así o una junta de padres de familia que, a puerta cerrada, dicen cosas terribles”, dirá la maestra Beatriz, cuando recuerde aquel episodio.
Días después, a esa familia le llegó el dictamen en un sobre cerrado. Y Beatriz sentía que la vergüenza le impedía regresar a la escuela.
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Las encuestas sobre discriminación, como las que hace el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) o las de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no hablan de esto. Sí miden el maltrato o bullying entre compañeros, el trato diferenciado que dan maestros a los alumnos, las razones por las cuales los estudiantes se sienten diferentes, pero no la discriminación en la etapa de admisión que sufren los que quieren estudiar en un colegio privado y no se los permiten por su apariencia, especialmente por ser morenos o tener rasgos indígenas.
Uno de los argumentos más comunes para defender un proceso de selección basado en la apariencia física en una escuela privada es que se trata de instituciones que se han ganado el derecho a elegir a sus miembros debido a la inversión que han hecho. Como un club privado o una propiedad particular.
Actualmente, las cifras de la SEP contabilizan 4.025 escuelas privadas en la Ciudad de México: la mayoría, 2.143, son de educación preescolar; seguidas por 1.168 primarias y 520 secundarias. El resto son escuelas de educación media superior, universidades, educación inicial, educación especial y para adultos.
‘Si le dices que sí, te va a terminar pagando [la colegiatura] con cacao’.
En sus aulas se forman 350.000 alumnos, cuyos padres o tutores pagan colegiaturas que van desde los 25.000 hasta los 200.000 pesos anuales [unos 1.250 a 10.000 dólares] que cobra un plantel exclusivo como The American School Foundation. O los 146.500 pesos [7.325 dólares] de anualidad del Colegio Británico o los 133.000 [6.650 dólares] que pide el Colegio Internacional de México. Además del filtro que suponen esas colegiaturas, las tres escuelas —y decenas más— tienen como obstáculo un comité de admisiones y una lista de espera que puede prolongarse por años.
Por ejemplo, en el Instituto Cumbres Bosques —inscripción de 26.400 pesos [1.320 dólares] y colegiaturas de 12.000 mensuales [600 dólares]— el director se entrevista con cada alumno y con los padres de familia por separado. Luego toma la decisión discrecional de aceptar, o no, al aspirante.
Quien obtenga el subjetivo visto bueno de la admisión, tendrá a su disposición instalaciones que son como pequeñas ciudades de primer mundo: canchas de futbol que se transforman en pequeños campos de golf, salas de cine con butacas tipo VIP, albercas de tamaño olímpico, auditorios para conciertos, aulas interactivas y eventos exclusivos para la comunidad como una forma de fortalecer los lazos entre ellos.
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Sin embargo, al menos tres fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echan por la borda la noción de que las escuelas privadas pueden actuar como quieran.
El primero data de 2009. Es la tesis P. LXVI/2009 que defiende el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Uno de sus argumentos es que la Constitución protege la elección de la apariencia personal como un derecho fundamental. Aquella tesis se vio reforzada con otro fallo dado a conocer cuatro años después, el XX/2013, que reconoce que los derechos fundamentales están por encima de los contratos entre particulares. Es decir, si una escuela establece, en un reglamento escrito o verbalmente, que sus miembros sólo deben tener ciertas características físicas, aunque los padres hayan firmado ese documento o aceptado las condiciones, se trata de un acto inconstitucional. El derecho a verse como uno quiera siempre se impondrá sobre cualquier reglamento escolar.
La tercera tesis es del año pasado, CLXIX/2015, y establece como inconstitucional que una escuela privada niegue el derecho a la educación a una persona con base en ideas discriminatorias.
“Los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso en las relaciones jurídico-privadas (…) En consecuencia, del análisis del contenido y estructura de los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación, se desprende que los mismos son vinculantes no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares”, afirmó la Suprema Corte.
Según la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México, publicada en 2013 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), 32 por ciento de los capitalinos se ha sentido discriminado. Al preguntarles dónde, la escuela aparece en cuarto lugar, sólo después del trabajo, la calle y una institución pública.
La mayoría contestó que fue por su apariencia física y que en lugar de defenderse prefirió quedarse callada.
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El 6 de abril de 2015, la activista Regina Tamés publicó un texto en el portal Animalpolítico.com, que se tituló “Discriminación en escuelas privadas: del Cumbres al Miraflores” y era una revelación, desde la pluma de una alumna de esa institución por 14 años, de cómo discrimina uno de los institutos más caros del país y donde estudian dos hijos del presidente Enrique Peña Nieto.
En el texto, Tamés habló sobre una escuela, propiedad de “El Miraflores”, que está dirigida para personas de escasos recursos: la Ángel Matute. Un lugar que ella nunca pisó, porque, aunque son planteles “hermanos”, no se fomentaba el intercambio de alumnos entre ambas escuelas, aunque estaban a sólo unos metros de distancia.
“Lo poco que escuché del Ángel Matute eran amenazas con mandarte a esa escuela de pobres si no te portabas bien. ¿Cómo fomentar así el amor al prójimo si ni siquiera era posible ver la realidad de la mayoría de niñas y niños en este país, sino que era un castigo el convivir con ellos?”, escribió en aquel texto.
Según Tamés, el Colegio Miraflores —de corte religioso y famoso por promover sus graduaciones en revistas de socialités— promovía una especie de burbuja para proteger a la élite del país. “Todas las personas están, o pretenden estar, de una u otra manera cortadas con la misma tijera”, tecleó. “El estatus económico jugó un papel importante no sólo para el ingreso, sino para ocupar puestos de decisión como la junta de padres de familia”.
‘Está muy claro que la pobreza, y el reflejo de ella, es un factor de distinción entre los mexicanos’.
Veinte meses después, al preguntarle sobre las repercusiones de ese texto, Regina Tamés cuenta que algunas amistades de aquellos tiempos le dejaron de hablar, otras le reclamaron airadamente y unos más, los menos, reconocieron los excesos de los cuales eran copartícipes. Casi nadie quiso admitir la discriminación tácita que se financiaba con las altas colegiaturas.
“No sé si la escuela haya cambiado. Espero que sí, pero la realidad es que había una discriminación muy fuerte a todo lo que no fuera ‘güerito'”.
“Los comités de admisión, los padres de familia, hasta el consejo de exalumnos, en muchas escuelas del país, aún determinan con base en tu apariencia física si puedes estudiar con ellos. No lo dirán abiertamente, pero claro que es un factor en muchos colegios”.
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Apenas hace dos años, en 2014, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió una Opinión Jurídica por un caso de discriminación en escuelas privadas: Francisco, un niño de origen mazateco, era frecuentemente hostigado por compañeros y profesores del colegio privado y religioso La Salle Seglares, en la Ciudad de México.
“Paquito” —como lo nombró la prensa— había ingresado a preescolar gracias a un truco para despistar al comité de admisiones: en la solicitud, aparecía como su tutora una médico particular, pero en cuanto la escuela se dio cuenta que en realidad era nieto de la empleada doméstica de la doctora, hicieron todo lo posible para sacarlo del plantel. En el expediente de CONAPRED quedó asentado una frase demoledora para el niño: “Le dijeron que no es ‘apto’ para esta escuela'”. Y su familia atribuyó su “ineptitud” a su apariencia y al trabajo de la madre.
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Para Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED, el caso es un ejemplo clásico de lo que reflejan los indicadores nacionales de discriminación.
“Tú vas a ver que los primeros lugares [de motivos de discriminación] se lo llevan la condición socioeconómica y la apariencia física, que van muy ligados. Está muy claro que la pobreza, y el reflejo de ella, es un factor de distinción entre los mexicanos”, dice Alexandra Haas. “Y hemos recibido más, varios casos como estos”.
Además de discriminación por motivos de apariencia o nivel socioeconómico, las escuelas privadas tienen registros en el CONAPRED de maltratos o negativa de admisión a alumnos provenientes de familias homoparentales o por tener alguna discapacidad mental o motriz menor que no amerita ser segregados del resto.
“Las escuelas privadas tienen permiso de operar gracias a una relación que tienen con la federación, específicamente la Secretaría de Educación Pública, y los estados. El artículo noveno de nuestra ley señala que impedir el acceso o permanencia a la educación pública o privada, así como a becas, por cuestiones como apariencia, orientación sexual, condición familiar, es discriminación. Una escuela, sea pública o privada, debería tener como primera visión una política de educación diversa”.
Cuando habla de las admisiones en escuelas privadas, Haas cita a un economista estadounidense llamado Gary Becker, quien en los años 50 acuñó el concepto del “gusto por discriminar”, a partir del cual desarrolló una teoría: las personas en condiciones privilegiadas están dispuestas a pagar un sobreprecio por bienes o servicios, o a perder dinero, con tal de poder asociarse con ciertos grupos de personas y mantenerse separada de otros.
‘En muchas escuelas del país, aún determinan con base en tu apariencia física si puedes estudiar con ellos’.
En algunas ocasiones, eso es lo que sucede en colegios particulares de la Ciudad de México: los padres de familia están dispuestos a pagar una cuota exorbitante de dinero, con tal de tener un comité de admisiones que les permita mantener a su círculo cercano en una burbuja, donde nadie que no sea como ellos pueda acercarse.
“Si queremos cambiar esto, tenemos que dejar de ver a la discriminación como un asunto de márgenes. Nadie quiere reconocer haber sido discriminado ni ser discriminador. Pero, en el fondo, todos somos lo uno o lo otro en cualquier momento de nuestra vida”, agrega Haas.
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Cuando Beatriz se enteró que el colegio donde trabaja había rechazado a Manuel por “no cumplir con solvencia económica” para garantizar el pago de las colegiaturas, se le instaló una sensación de depresión y frustración en el pecho que vuelve cada vez que se acuerda.
Recuerda que fue muy molesta con los maestros del comité de admisión y les reclamó hasta sentir que la cara se le enrojecía de vergüenza. Todos, dice, la llamaron histérica.
“¡Ustedes saben bien por qué los rechazaron! ¡Tengan la decencia de decirles que es porque son indígenas y asuman las consecuencias!”.
“No se de qué me hablas, Bety. Fue el estudio socioeconómico y ya no tenemos becas para ofrecer”.
“¡Tú misma dijiste que iban a pagar con cacao, fue por indígenas!”.
“¿Sigues con eso? Qué exagerada…”
Cuando se le empezó a quebrar la voz por el coraje, Beatriz abandonó el salón con un portazo. Y se sentó en la cafetería con la certeza de que al día siguiente la correrían del puesto y se volvería una desempleada de 61 años. Pero sucedió lo contrario: a la mañana siguiente, en su lugar en la sala de maestros, alguien le dejó unos chocolates con una nota.
“Ya no te enojes, Bety. En esta escuela nadie discrimina”.
***Carlos Bravo Regidor y Homero Campa coordinaron y coeditaron la investigación por parte de PeriodismoCIDE. Karla Casillas lo hizo por parte de VICE News en Español. Y Clementina León se hizo cargo de las ilustraciones y los gifs que acompañan este trabajo. Laura Woldenberg es la Jefa de Contenido.
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